Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 23 de junio de 2000

que tampoco podía ordenarle que ejecutara un desalojo.En cuanto a la falta de trámite legal, acota el amparista que la orden

de desalojo surge a consecuencia de un Proceso de Rescisión Administrativa, por

lo que debió seguirse en todo caso el trámite señalado en la Ley 56 de 27 de

diciembre de 1995, el cual, de acuerdo al amparista, no se siguió en este caso.Mediante el auto apelado, la Juez a-quo dispone textualmente lo

siguiente: "NO ADMITE la presente demanda de Amparo de Garantías

Constitucionales interpuesta por CARLOS HENRIQUEZ DE SOUZA".En la parte motiva del auto apelado, el Tribunal de Amparo de primera

instancia advierte que la demanda cumple con los requisitos exigidos en el

artículo 2610 del Código Judicial.Sin embargo, a juicio del tribunal a-quo existe falta de legitimación

pasiva por cuanto la demanda se interpone contra el Secretario Judicial del

Municipio de Panamá, cuando la orden atacada emana de la Resolución No. 382 SJ

de 28 de febrero de 2000, dictada por el Alcalde del Distrito, y que el

funcionario demandado solo cumplía con un trámite administrativo, señalando que