Auto de la Corte Suprema de Justicia de 18 de julio de 2001 (exp. 000)

32 de la Carta Política, que tutela la garantía del debido proceso legal.El tribunal admitió la demanda, pese a que el amparista habla de

una orden verbal para cuya acreditación no acompañó los testimonios

pertinentes, porque al final el demandante expresa que no le fue posible

obtener dicha orden, y habida cuenta de que la misma sí pareciera existir

contenida en una resolución (v.f.5).Una vez que se admitió la demanda y se requirió al demandado, éste

remitió el informe de conducta que corre a fojas 22-23 del expediente, que si

bien ingresó a la actuación luego de vencido el término de la requisitoria, su

contenido no deja de ser pertinente.El servidor público demandado afirma que la actuación cuestionada

constituye un acto administrativo, que dice relación con la sanción de

infracciones menores de tránsito, sujeto a un procedimiento gubernativo que no

ha sido agotado y que, en todo caso, encuentra su fundamento en disposiciones del

Reglamento de Tránsito en sus artículos 110, 112, 160 y 161.Como ya se ha dicho en materia de amparos, el respectivo tribunal

debe estarse a lo afirmado por el funcionario demandado, salvo en lo que ello

sea desvirtuado por las constancias del proceso.